La implosión inesperada de la banca norteamericana Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 propició el surgimiento del G-20, formado por líderes políticos de potencias desarrolladas y emergentes con el objeto de coordinar medidas para intentar controlar los estragos de una crisis financiera sistémica. Hasta entonces, el G-7, con tan solo el 10% de la población mundial y el 46% del PIB global, había dominado el debate económico-financiero mundial. El G-20 representa dos tercios de la población del planeta y el 85% del PIB, un cambio cualitativo de gran trascendencia que ha logrado poner en marcha un proceso diplomático innovador, donde también participa España, siendo el único país que cuenta con el estatus de invitado permanente en el grupo. Tras casi doce cumbres en sus más de ocho años de vida, el G-20 no solo ha sido capaz de incidir en la regulación financiera, la reforma del FMI o la modernización de reglas fiscales globales de la mano de la OCDE, sino que también ha impulsado iniciativas en campos como el de la seguridad alimentaria, el crecimiento verde, las infraestructuras o la energía. Pero la nueva Administración Trump lo cuestiona debido a su óptica coordinadora y reguladora global, algo que se contrapone a la visión nacionalista y restringida del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
