¿Pueden el Derecho penal y la dogmática ignorar el conocimiento empírico que interesa al fenómeno del crimen? ¿Puede el legislador obviar la realidad que pretende moldear? ¿Puede afirmarse que una decisión legislativa o una propuesta dogmática es correcta sin valorar los efectos (empíricos) de las sanciones penales y de la interpretación planteada?
La política legislativa penal de las últimas décadas, calificada por la doctrina como expansiva y punitivista, se basa usualmente en un supuesto conocimiento de la realidad acerca de las tendencias delincuenciales, de las demandas sociales de intervención, de la capacidad disuasoria de la ley penal que, sin embargo, no se apoya en evidencias científicas y, en ocasiones, culmina incluso en decisiones político-criminales en la dirección contraria. No es que el legislador no parta de la realidad, sino que desconoce la realidad de la que parte (o, al menos, su conocimiento no se puede calificar como científico). Olvida, así, la relevancia que tiene un adecuado acceso a los elementos fácticos de referencia a la hora de definir tanto la racionalidad ética de las leyes como la racionalidad pragmática o de correspondencia entre los fines y los medios usados. Frente a esta situación, la presente obra colectiva aborda cinco de las principales cuestiones que afectan al Derecho penal y a la Política Criminal en la actualidad desde la premisa de que es necesario establecer puentes entre lo normativo y lo empírico, esto es, contrastar los presupuestos fácticos de la realidad que interesa al Derecho penal y, al mismo tiempo, no sobrepasar en su regulación los límites deontológicos establecidos en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
